Por Opinión | Revista Los Regionarios
La historia se repite. Una mujer embarazada es despedida sin justificación. Acude a los tribunales buscando justicia. Espera más de un año. Y cuando por fin llega la sentencia, se encuentra con una bofetada institucional disfrazada de indemnización.
Eso fue exactamente lo que vivió la señora Moronta. A las 8 semanas de embarazo fue desvinculada de su empleo sin causa aparente. Lo que siguió fue un calvario jurídico que duró 14 meses. Cuando el fallo por fin llegó, la sorpresa fue mayúscula: una indemnización de apenas 86 mil pesos.
Ella devengaba 45 mil pesos mensuales. ¿Esa es la justicia laboral que prometen las leyes dominicanas?
¿Protección a la maternidad? Solo en teoría
El Código de Trabajo dominicano establece claramente que el despido de una mujer embarazada sin previa autorización judicial es ilegal. En los libros, el país parece garantizar la estabilidad laboral de la mujer gestante. Pero la realidad es otra: las empresas despiden sin temor y los jueces fallan sin sensibilidad.
El sistema no falla: abandona.
Moronta no recibió ni una llamada, ni una intención de conciliación, ni una respuesta humana de su antiguo empleador. Su embarazo fue tratado como un problema. Y la justicia, como tantas veces, llegó tarde y llegó mal.
La justicia no es ciega, es elitista
Cuando Moronta recibió el fallo, no pudo contener su decepción. “Los jueces se vendieron”, repitió, entre rabia y lágrimas. No hay pruebas de corrupción, pero su percepción es legítima: ¿cómo entender que una mujer despedida en gestación reciba una indemnización que ni siquiera cubre lo que dejó de ganar en tres meses?
Y esta percepción no es aislada. En República Dominicana, la justicia laboral muchas veces responde más a intereses empresariales que a principios éticos. Las trabajadoras sienten que pelear por sus derechos es una batalla desigual, y que los tribunales no las protegen, las desgastan.
Apelar no debería ser la única opción
Sí, Moronta va a apelar. Porque todavía le queda esperanza. Pero también sabe lo que viene: tiempo, abogados, estrés y más desilusión. Apelar no debería ser la única vía de corrección. El sistema debería funcionar bien desde el inicio.
No puede ser que la protección laboral dependa de cuánto puedes resistir el proceso.
Este caso debe ser una llamada de atención a jueces, abogados, funcionarios y a toda la sociedad: una mujer no debería tener que rogar por justicia cuando ha sido despedida en pleno embarazo.
La ley debe ser clara. Las decisiones judiciales deben ser ejemplares. Y las empresas deben entender que despedir a una mujer por estar embarazada es una forma moderna de violencia y discriminación.
Cuando se castiga la maternidad, se castiga el futuro.
Opinión | Revista Los Regionarios
#JusticiaParaMoronta #MaternidadSinMiedo #TrabajoConDignidad
Si tienes una historia similar, escríbenos a revistaregionarioscrn@gmail.com
Deja una respuesta