Cada día, en hospitales públicos dominicanos, al menos 100 mujeres haitianas dan a luz, según datos recientes. Durante los primeros once meses de 2024, se registraron 29,710 nacimientos de madres haitianas, equivalente al 35.7 % del total de 83,186 partos . En 2023, fueron 38,514 nacimientos (35.7 %) ; en 2024 la cifra fue de 32,905 (35.9 %) ().
Estas cifras representan una carga considerable para el Estado y sus hospitales. Un editorial estimó que cada parto costó alrededor de RD$25,000 a RD$50,000, sumando más de RD$22,000 millones solo en atención a mujeres haitianas en 2024 . No se trata solo de un número: es un costo humano y económico directo que podría invertirse en salud, educación o infraestructura para dominicanos.
Pero más allá de los montos, están las historias que hablan del sistema sobrecargado:
“Llegan en estado crítico, sin control prenatal, sin análisis; a veces es ya emergencia”. Así lo confirma un director provincial de salud desde La Altagracia .
En la Maternidad de Los Mina, por ejemplo, las camas a menudo están ocupadas por madres haitianas: en noviembre registraron 3,777 nacimientos de haitianas de un total de 9,443 partos (~40 %) . Eso significa que casi la mitad del uso de salas de parto está siendo absorbido por quienes no pertenecen al sistema contributivo dominicano, mientras ciudadanos esperan turnos y medicamentos.
Estas historias no buscan demonizar la necesidad del prójimo; al contrario. Se necesita un debate honesto sobre la redistribución de responsabilidades: no podemos asumir como propios los costos de un Estado extranjero colapsado. El gobierno dominicano ha actuado con humanidad, pero también ha dejado claro que no puede cubrir indefinidamente los déficits del sistema haitiano.
Mientras la comunidad internacional observa con declaraciones diplomáticas, aquí se están protagonizando hechos: hospitales al límite, profesionales agotados y recursos desviados. El Instituto Nacional de Salud Pública ha propuesto que las parturientas indocumentadas paguen por el servicio , una medida que podría aliviar la presión presupuestaria.
No se trata de cerrar puertas, sino de exigir que quien use un servicio, colabore en mantenerlo. Que se asuma la responsabilidad por quien no puede pagar. Como sociedad, debemos decidir: ¿extendemos una mano solidaria sin límite, o marcamos fronteras claras entre ayuda y dependencia?
Ser solidario no implica indefensión. El Estado dominicano tiene el deber de proteger su sistema para garantizar que sus ciudadanos no sean desplazados por la sobrecarga del extranjero.
Este es un tema complejo, que no admite respuestas simples. Pero exige coraje para nombrar la verdad: la solidaridad también tiene un costo y ese costo no siempre podemos asumirlo nosotros solos.
Revista Los Regionarios
Opinión con datos, corazón y responsabilidad social