Por Redacción Regiónarios
La lucha por un servicio eléctrico justo y seguro no se detiene. La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) continúa su ofensiva contra las conexiones ilegales que afectan tanto la infraestructura del sistema como la calidad del servicio que reciben miles de familias dominicanas.
Durante las últimas semanas, brigadas de Edeeste han intervenido distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, logrando desmantelar decenas de conexiones clandestinas que operaban fuera del sistema y en condiciones peligrosas.
En el corazón del Distrito Nacional, los barrios Guachupita y Los Guandules —zonas con alta densidad poblacional y grandes desafíos sociales— fueron escenario de operativos que sacaron a la luz un patrón alarmante: usuarios con hasta tres meses sin realizar transacciones, pese a contar con medidores Prepago.
En Santo Domingo Este, sectores como Calero, Villa Duarte, Molino Nuevo y La Isabelita también fueron impactados. En Calero, específicamente, se desconectaron 161 usuarios por impago y se detectaron múltiples conexiones directas al tendido eléctrico. La intervención culminó con la recuperación de más de 200 metros de cableado irregular y la recaudación de casi RD$200 mil pesos en deudas y certificados de confianza.
La calle Cervantes de Calero fue parte de un proyecto piloto donde Edeeste no solo eliminó las conexiones ilegales, sino que renovó la infraestructura eléctrica, sustituyendo postes, reubicando transformadores e instalando alumbrado público. Un paso hacia la formalización energética que mejora la calidad de vida y la seguridad ciudadana.
Estas acciones han sido posibles gracias a una coordinación interinstitucional dentro de la propia empresa, permitiendo una respuesta más efectiva y estructurada. La Gerencia de Gestión Social también ha jugado un papel clave en este proceso, reforzando las campañas educativas e incentivando a los ciudadanos a convertirse en clientes formales del sistema.
Edeeste hace un llamado enérgico a la ciudadanía: el fraude eléctrico no es un crimen menor. Impacta negativamente al sistema, encarece el servicio y castiga a quienes cumplen con sus obligaciones. Denunciar estas prácticas es un deber ciudadano.
La energía que necesitamos para seguir avanzando como país debe ser segura, legal y sostenible. Y para eso, se necesita la voluntad de todos.
Deja una respuesta