Santo Domingo.- En un recorrido por varios sectores de Santo Domingo norte, hablamos mucho del monto de la deuda, pero poco del verdadero problema, el costo de sostenerla. El drama contemporáneo no es solo cuánto debemos, sino cuánto nos cuesta deber. Ese costo invisible para muchos, pero contundente en las finanzas públicas se ha convertido en el “impuesto silencioso” del siglo XXI.
Durante la última década, el perfil de la deuda de economías emergentes como la de República Dominicana ha migrado progresivamente hacia condiciones de mercado más expuestas a la volatilidad internacional. En tiempos de liquidez abundante y tasas bajas, esa estrategia parecía razonable: financiar infraestructura, cubrir déficits y sostener el crecimiento. Sin embargo, el ciclo cambió.
El endurecimiento de la política monetaria liderado por la Reserva Federal en Estados Unidos y replicado por otros bancos centrales disparó las tasas globales, encareciendo el servicio de la deuda para países que dependen del financiamiento externo. Lo que antes era manejable hoy presiona presupuestos.
El pago de intereses compite directamente con el gasto social. Cada peso destinado a intereses es un peso menos para salud, educación o inversión pública. Este fenómeno no aparece como un impuesto formal aprobado por el Congreso, pero funciona como uno: reduce el espacio fiscal disponible y limita la capacidad del Estado para responder a demandas ciudadanas.
En términos técnicos, el problema se agrava cuando el crecimiento económico no supera el costo promedio de la deuda. Si la economía crece menos que la tasa de interés que paga el Estado, la relación deuda/PIB tiende a incrementarse, incluso si no se incurre en nuevos déficits significativos. Es una dinámica silenciosa, pero acumulativa.
El contexto global reciente —pandemia, disrupciones logísticas, conflictos geopolíticos y presiones inflacionarias— forzó a muchos gobiernos a endeudarse más. Sin embargo, el cambio estructural radica en que buena parte de esa deuda está sujeta a tasas variables o a refinanciamientos en mercados más costosos.
El resultado es una mayor proporción del presupuesto dedicada al servicio de la deuda. En otras palabras, el Estado trabaja primero para pagar intereses antes que para invertir en desarrollo.
¿Qué implica para el ciudadano?
El “impuesto silencioso” se traduce en:
- Menor margen para políticas sociales expansivas.
- Posibles reformas fiscales futuras para compensar presiones financieras.
- Reducción del gasto de capital si no se ajusta el gasto corriente.
- Mayor vulnerabilidad ante choques externos.
No se trata de satanizar la deuda. Bien gestionada, es una herramienta legítima de política económica. El problema surge cuando su costo se dispara y compromete la sostenibilidad fiscal.
La solución no es simple, pero sí clara: disciplina fiscal, mejora en la calidad del gasto, fortalecimiento de la recaudación sin asfixiar al sector productivo y una estrategia activa de manejo de deuda que privilegie plazos largos y tasas fijas cuando sea posible.
El debate público debe evolucionar. No basta con discutir el monto total de la deuda; es imprescindible analizar su estructura, sus condiciones y su impacto intergeneracional.
Porque al final, el “impuesto silencioso” no aparece en la factura del supermercado ni en la planilla salarial, pero se siente en cada hospital que no se construye, en cada escuela que se posterga y en cada programa social que se recorta.
La deuda no solo se mide en cifras. Se mide en oportunidades.
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