Denuncian abuso de poder, discriminación económica y violaciones constitucionales por parte de Marítima Dominicana, S.A.S.
Santo Domingo. — La Federación Nacional de Abastecedores a Buques (FENABUQUES) ha denunciado públicamente una serie de prácticas que califican como ilegales y arbitrarias por parte de la empresa Marítima Dominicana, S.A.S. (MARDOM) en todos los puertos del país, encendiendo una alerta sobre el clima de negocios en uno de los sectores más estratégicos para la economía nacional.
Según FENABUQUES, MARDOM —en su calidad de agente consignatario de buques— ha impuesto a los ship chandlers un cobro obligatorio que oscila entre RD$5,310 y RD$7,080, bajo la condición de permitirles el acceso a las instalaciones portuarias. Este peaje, afirman, carece de base legal y contractual, violando normativas fundamentales del comercio marítimo y principios constitucionales.
“Se trata de una imposición abusiva, sin amparo legal, que afecta directamente a decenas de mipymes que brindan servicios esenciales a las embarcaciones que arriban al país”, expresó Guillermo de la Rosa, presidente de FENABUQUES.
El reclamo de FENABUQUES se fundamenta en la Ley 5-23 de Comercio Marítimo, la Resolución 47-96 del Ministerio de Hacienda, y en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, que en su sentencia TC/104/13 establece de forma inequívoca que:
“La potestad de crear tasas o tributos es competencia exclusiva del legislador, no de concesionarios ni empresas privadas.”
Este cobro, dirigido exclusivamente a los ship chandlers, constituye —según la federación— una forma de discriminación económica, que afecta gravemente la competitividad de un sector compuesto mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas.
Además del pago obligatorio, los denunciantes aseguran que MARDOM ha exigido la renuncia de los suplidores a su afiliación con FENABUQUES y sus asociaciones miembros, lo que representa una violación directa al derecho constitucional a la libre asociación y un intento de debilitar la organización gremial.
Para FENABUQUES, esta coacción representa un acto de intimidación institucionalizada, realizado bajo la pasividad cómplice —afirman— de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y la concesionaria Haina International Terminals (HIT).
Actualmente, más de 47 mipymes del sector se encuentran impactadas por estas medidas, con repercusiones económicas que comprometen su operación diaria y ponen en riesgo empleos y contratos internacionales.
Ante esta situación, FENABUQUES ha elevado su reclamo al Tribunal Superior Administrativo (TSA), en busca de una resolución judicial que detenga las prácticas abusivas y restablezca el orden legal en los puertos del país.